Los centros educativos de Castilla y León activaron 1.108 protocolos por posibles casos de acoso durante el curso 2025-2026, de los que la Inspección Educativa confirmó 112 como acoso escolar y 24 como ciberacoso. La consejera de Educación, María Pardo, se reunió el pasado 20 de agosto con representantes de la Asociación Salmantina contra el Bullying y Ciberbullying (ASCBYC) y de la Federación Española de Asociaciones contra el Acoso Escolar (FEDECAE) para abordar estos datos y las líneas de trabajo para reforzar la prevención.
Un protocolo desde 2017 y una herramienta digital propia
La Junta dispone desde 2017 de un marco de actuación específico, la Orden EDU/1071/2017, que establece las fases de actuación ante el acoso escolar: desde la detección precoz hasta la intervención, la protección de la víctima y el seguimiento posterior. Es de aplicación en todos los centros sostenidos con fondos públicos e incluye medidas preventivas incluso cuando la investigación no confirma finalmente el acoso.
La Consejería utiliza además la aplicación CONV, un sistema digital propio para registrar y analizar cada caso, que sirve de apoyo a la Inspección Educativa para evaluar la información remitida por los centros.
Prevención y formación
Entre las herramientas de prevención, la Junta mantiene el programa Sociescuela, que monitoriza el clima de convivencia en las aulas, junto con guías de navegación segura en internet, formación continua del profesorado, atención psicológica especializada y campañas de sensibilización dirigidas a alumnado, familias y equipos docentes. La Junta participa también en el Observatorio Estatal de la Convivencia Escolar y en grupos de trabajo nacionales para actualizar los protocolos.
Colaboración con las asociaciones
Pardo trasladó su reconocimiento a la labor de ASCBYC y FEDECAE en el acompañamiento a familias y centros, y afirmó que su departamento mantendrá una vía de comunicación abierta con ambas entidades. El Decreto 52/2014 regula la presencia de colectivos externos en el Observatorio de Castilla y León, que tiene potestad para invitar a especialistas cuando la naturaleza de los asuntos lo requiera.
