Un año después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciara en el Congreso un Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción con 15 medidas, tras el escándalo que llevó a prisión provisional al que fuera secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, ninguna de esas medidas ha entrado plenamente en vigor, según constatan un informe de El País y el seguimiento posterior de otros medios.
Sánchez compareció el 9 de julio de 2025 en una sesión extraordinaria del Congreso para dar explicaciones sobre el caso que afectaba a los dos últimos secretarios de organización del PSOE. Pidió disculpas y presentó un plan elaborado con la colaboración de la OCDE, articulado en cinco ejes, que incluía la creación de una Agencia Independiente de Integridad Pública, el endurecimiento de las penas contra la corrupción y el refuerzo de la protección a los denunciantes.
La Ley de Integridad Pública, en el centro del plan
La mayor parte de las medidas —hasta diez de las quince— dependen de la aprobación de la Ley Orgánica de Integridad Pública (LOIP). El anteproyecto llegó al Consejo de Ministros en primera vuelta el 17 de febrero de este año. Fuentes del Gobierno señalan que la norma irá «en breve» a segunda vuelta, aunque no antes de septiembre; al ser ley orgánica, necesitará después el respaldo de 176 diputados, una mayoría que no está garantizada en el actual contexto parlamentario.
La ley prevé la creación de la Agencia Independiente de Integridad Pública, la ampliación de los mapas de riesgo a todos los fondos públicos, el uso de inteligencia artificial en la Plataforma de Contratación del Sector Público y la figura del decomiso administrativo, que permitiría embargar bienes vinculados a delitos sin necesidad de una condena previa. También reduce de 25.000 a 2.500 euros el umbral a partir del cual las donaciones a partidos deben hacerse públicas.
Críticas de instituciones y organizaciones
El texto ha recibido objeciones del Consejo General del Poder Judicial, el Consejo de Estado, el Consejo de la Codificación y el Consejo General del Notariado, que consideran que algunas reformas podrían reducir la seguridad jurídica, aumentar la burocracia y generar opacidad en las operaciones societarias. Organizaciones especializadas en transparencia han advertido, además, de que ciertos aspectos del texto podrían debilitar los mecanismos de control y las garantías del debido proceso.
Solo una medida en fase avanzada
De las quince medidas, únicamente el Proyecto de Ley de Transparencia e Integridad en las Actividades de los Grupos de Interés —la conocida como ley de lobbies— se encuentra en fase de tramitación avanzada, en negociación en la Comisión de Reglamento del Congreso, con Junts como principal obstáculo. El ministro de Transformación Digital, Óscar López, ha reclamado su aprobación y ha señalado que cuenta con enmiendas del PP.
Otras medidas registran avances parciales: el Consejo de Ministros aprobó en octubre de 2025, en segunda vuelta, el Proyecto de Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal, que atribuye la instrucción de los procesos penales a la Fiscalía, aunque su tramitación parlamentaria lleva meses sin avanzar. La Autoridad Independiente de Protección del Informante funciona desde septiembre de 2025, aunque bajo un marco legal anterior al propio plan. La formación obligatoria en materia de integridad para empleados públicos, en cambio, no ha registrado ningún desarrollo.
Explicaciones del Gobierno y críticas de la oposición
Fuentes del Ejecutivo atribuyen el retraso a la complejidad de las reformas legislativas y a la aritmética parlamentaria, con una mayoría de investidura frágil que obliga a negociar cada texto. El Partido Popular ha acusado al Gobierno de «utilizar la regeneración como un eslogan vacío», mientras que Vox ha vinculado el retraso a una falta de voluntad política. El Gobierno insiste en que el compromiso con el plan sigue vigente y prevé remitir la LOIP al Congreso, o al menos dejar encarrilada su tramitación, antes de que acabe el verano.
