El Ayuntamiento de Palencia ha celebrado hoy, un pleno extraordinario para sortear a las personas que formarán las mesas electorales de la capital en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. La sesión apenas ha durado unos minutos.
En la ciudad se constituirán 97 mesas, con nueve miembros cada una. En total, 873 palentinos elegidos entre los 61.369 electores que figuran en el censo electoral del municipio, según los datos facilitados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Cada mesa está formada por un presidente y dos vocales. Para cada uno de ellos se designan además dos suplentes, lo que suma los nueve miembros por mesa.
Los cargos de presidente y vocal son obligatorios. La designación debe notificarse a los interesados en un plazo de tres días.
Quién puede formar parte de una mesa
El sorteo se hace entre las personas incluidas en la lista de electores de cada mesa que sean menores de 70 años y sepan leer y escribir. Son los dos requisitos generales que fija la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) para presidentes y vocales.
Para ser presidente se exige además el título de Bachiller o el de Formación Profesional de segundo grado. Si no hay suficientes electores con esa titulación, puede designarse a quien tenga el Graduado Escolar o equivalente.
Para ser vocal no se pide ninguna titulación concreta. Basta con cumplir los requisitos generales de edad y saber leer y escribir.
Quién no puede ser miembro de mesa
Los mayores de 70 años quedan fuera del sorteo. Tampoco pueden formar parte de una mesa quienes se presenten como candidatos a estas elecciones, ni las personas inelegibles según la ley electoral.
Quienes hayan sido designados tienen siete días desde la notificación para presentar ante la Junta Electoral de Zona una causa justificada y documentada que les impida aceptar el cargo. La Junta resuelve en cinco días y su decisión no admite recurso administrativo.
Excusas que se aceptan siempre
La Junta Electoral Central tiene fijado un listado de motivos que, una vez acreditados, justifican por sí solos que una persona sea relevada. Son estos:
- Tener entre 65 y 70 años.
- Tener reconocida una discapacidad, de cualquier grado.
- Ser pensionista por incapacidad permanente absoluta o gran invalidez.
- Estar de baja médica.
- Estar embarazada de seis meses o más, o estar en el permiso por nacimiento, adopción, guarda o acogimiento.
- Estar internado en un centro penitenciario o en un hospital psiquiátrico.
- Haber sido miembro de mesa al menos tres veces en los últimos diez años.
- Ser víctima de un delito con una orden de alejamiento en vigor, si el agresor vota en el mismo colegio electoral.
- Cuidar de un lactante.
- Tener a cargo, por guarda legal, a menores de 12 años o a personas con discapacidad.
- Cuidar de un familiar hasta segundo grado que no pueda valerse por sí mismo.
Excusas que se estudian caso por caso
Hay otros motivos que la Junta Electoral de Zona valora según las circunstancias de cada persona. Entre ellos figuran una enfermedad o lesión que dificulte estar en la mesa, aunque no haya baja médica. También el riesgo durante el embarazo o la lactancia, o una operación o prueba médica inaplazable en torno al día de la votación.
También pueden alegarse un evento familiar relevante e inaplazable ese día, como una boda, o ser padre o madre de menores de 14 años en una familia monoparental. Lo mismo ocurre si el otro progenitor no puede hacerse cargo del menor durante la jornada electoral.
Por motivos profesionales pueden excusarse quienes trabajen ese día en juntas electorales, juzgados o administraciones con funciones electorales. Este grupo incluye también los servicios esenciales, como el sanitario, los bomberos o protección civil, y los directores y jefes de informativos de los medios de comunicación que cubran la jornada.
En todos los casos, la excusa debe acompañarse de la documentación que la acredite.
No acudir es delito
Faltar a la mesa sin una causa justificada es un delito electoral. La LOREG castiga a presidentes, vocales y suplentes que no se presenten, que no desempeñen sus funciones o que las abandonen sin causa legítima.
La misma sanción se aplica a quienes no cumplan sin justificación las obligaciones de excusa o aviso previo que marca la ley. La pena va de tres meses a un año de prisión, o una multa de seis a veinticuatro meses.
