El sindicato Jupol (Justicia Policial), mayoritario en la Policía Nacional, denuncia que el Ministerio del Interior no ha adoptado medidas de seguridad ni disuasorias para evitar una nueva entrada masiva de inmigrantes en Ceuta, una semana después de la avalancha del pasado 30 de julio, en la que el propio ministerio cifró en 72.000 las entradas irregulares registradas. Varios grupos de inmigrantes marroquíes se están organizando en redes sociales para protagonizar una nueva entrada masiva el próximo 15 de agosto.
«La boya flotante que ha puesto puede saltarla cualquiera, por lo que disuasoria como tal no es», ha declarado a algunos medios Laura García, portavoz nacional de Jupol. Según explica, la única función real de esa barrera marítima es legal: al tratarse de un elemento de contención físico, quien la salte podrá ser considerado como si hubiera saltado una valla, lo que permite aplicarle la devolución en caliente.
Esa distinción legal viene de una sentencia del Tribunal Supremo del pasado 29 de junio, que estableció que el «rechazo en frontera» —y la devolución en caliente que lleva aparejada— solo es aplicable a quienes superan elementos físicos de contención, como vallas o muros. Quienes entran a nado bordeando los espigones de Benzú y Tarajal, al no superar ningún obstáculo físico, deben ser tramitados por el procedimiento administrativo de devolución, más garantista y lento.
Solo 150 antidisturbios, según Jupol
García sostiene que, sin un refuerzo de efectivos y medios materiales y tecnológicos, no hay capacidad real para contener una nueva entrada masiva. Según el sindicato, actualmente hay únicamente 150 agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) —los antidisturbios— desplegados en Ceuta, encargados de dar seguridad al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), que está muy por encima de su capacidad, además de las calles y los asentamientos ilegales que se están formando. Esta cifra no coincide con la que trasladó el propio Ministerio del Interior a finales de julio, cuando situó en torno a 200-225 los agentes de las Unidades de Intervención Policial y de Prevención y Reacción reforzando la ciudad; Jupol no ha explicado a qué corresponde la diferencia.
«Los compañeros están muy tensionados y no dan abasto», denuncia García, que critica además que el primer contingente de refuerzo enviado a Ceuta tras la avalancha se destinó a escoltar la visita oficial del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en lugar de reforzar la frontera. Varios medios han confirmado que ese primer envío de agentes —cifrado por Jupol en torno a 15 o 42 efectivos, según las fuentes— coincidió con la comitiva oficial, mientras el resto de la ciudad seguía con una presencia policial mínima.
Reforma legal y acuerdos de repatriación
Jupol reclama un plan urgente de refuerzo de las fronteras españolas que incluya más agentes de Policía Nacional, la actualización del Catálogo de puestos de trabajo —sin revisar desde hace más de 20 años, según el sindicato— y más embarcaciones, vehículos, drones y sistemas de vigilancia.
El sindicato pide también una reforma de la Ley de Extranjería y que el Gobierno negocie con Marruecos un acuerdo de readmisión efectivo, similar al que España mantiene con Francia. «Mientras quienes entran ilegalmente en España sepan que las devoluciones son excepcionales o prácticamente imposibles, el efecto llamada seguirá aumentando y la presión sobre Ceuta, Melilla y el resto de las fronteras españolas continuará creciendo», concluye García.
