La Coordinadora Central Baltanás (CCB) y Ecologistas en Acción han recurrido la Autorización Ambiental concedida el 19 de marzo por la Junta de Castilla y León a la planta de hidrógeno y amoniaco verde proyectada en el polígono industrial de Baltanás, promovida por Green Capital Development 99 S.L.U. Detrás de los recursos hay una lista concreta de perjuicios que, según denuncian ambos colectivos, la instalación podría causar al agua, la salud, la seguridad y el modelo de desarrollo rural del municipio.
El agua, en el centro de la disputa
Es la principal preocupación de la CCB. El proceso de producción de hidrógeno y amoniaco requeriría, según sus propias alegaciones, hasta 1,14 millones de litros de agua al día, una cifra que consideran incompatible con la disponibilidad hídrica de la comarca, especialmente en los meses secos de verano. A esto se suma un cambio de planteamiento que ha indignado a los opositores: el Estudio de Impacto Ambiental sometido inicialmente a información pública preveía obtener el agua mediante un sondeo subterráneo de 380 metros en la propia parcela, descartando expresamente la red municipal. Sin embargo, la Autorización Ambiental finalmente aprobada establece una captación directa del río Pisuerga —a unos 14 kilómetros de Baltanás— combinada con agua de estaciones depuradoras (EDAR) y de tratamiento (ETAP) cercanas. Ecologistas en Acción sostiene que no se ha facilitado información sobre cómo se ejecutaría esa captación ni qué autorizaciones de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) la respaldan, y ha pedido que la autorización quede en suspenso hasta que se abra un nuevo periodo de información pública con esos datos.
Seguridad: una industria peligrosa a las puertas del pueblo
Las parcelas previstas están a menos de 600 metros del núcleo urbano, según la documentación oficial; la CCB, apoyándose en una medición pericial de 2005 ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en 2009, sitúa la distancia exacta en 503 metros del pueblo y del colegio comarcal San Pedro. Ecologistas en Acción argumenta que, al manejarse sustancias como el amoniaco —tóxico y corrosivo— y el hidrógeno —altamente inflamable y explosivo—, es de aplicación el Real Decreto 840/2015 (Directiva Seveso), que exige distancias de seguridad respecto a centros escolares que, a su juicio, no se cumplen en este caso. El propio texto de la Autorización Ambiental reconoce que, pese a las medidas previstas, no pueden descartarse fugas u otras incidencias en el manejo de estas sustancias peligrosas, un reconocimiento que los colectivos opositores esgrimen como prueba de que el riesgo es real y no hipotético.
Emisiones y olores
Los informes técnicos de la Junta afirman que, en el funcionamiento normal de la planta, no está previsto emitir amoniaco al ambiente. Pero el propio condicionado de la Autorización Ambiental contradice en parte esa tranquilidad: reconoce que pueden generarse «molestias evidentes» por olores en la población y obliga a la empresa a establecer medidas especiales de funcionamiento para prevenirlas, sobre todo en episodios de incidencia o funcionamiento anómalo. Para Ecologistas en Acción, ese reconocimiento convierte el riesgo de olores en «una posibilidad cierta» y no en un simple supuesto teórico.
Vertidos y contaminación por nitratos
La CCB denuncia que parte del agua residual generada por la planta se verterá a arroyos conectados con el río Pisuerga que, según el colectivo, ya presentan niveles elevados de nitratos. Su temor es que los nuevos vertidos agraven una contaminación hídrica que consideran ya delicada. La coordinadora cuestiona además si la depuradora municipal tiene capacidad real para tratar los efluentes de una industria de este tamaño, en caso de que parte del rechazo se derive a la red de saneamiento del pueblo, e insiste en que el Ayuntamiento debe informar públicamente sobre este punto.
Tráfico pesado
Ambos colectivos alertan del aumento de tráfico de mercancías peligrosas que traería la planta: unos 16 camiones cisterna diarios, de unos 50 m³ cada uno, transportando amoniaco por carreteras que atraviesan Baltanás y otras localidades cercanas como Villaviudas y Hornillos de Cerrato. Para los opositores, este tránsito constante multiplica el riesgo de accidentes y de emisiones contaminantes asociadas al transporte, además de afectar a la seguridad vial y la tranquilidad de los núcleos por los que pasa.
Un modelo de desarrollo rural en juego
Más allá de los riesgos físicos, la CCB sostiene que la instalación es incompatible con el modelo de desarrollo que defiende para el municipio. Considera que ocupar una parte tan grande del polígono industrial (23 parcelas, unos 41.363 m²) con una única industria química de riesgo puede dificultar la llegada de otras empresas menos impactantes, más diversificadas y mejor integradas con la economía local, basada en buena parte en la agricultura, la ganadería y el turismo rural. Temen también un efecto negativo sobre la imagen de la comarca del Cerrato y su atractivo para atraer nuevos residentes y visitantes.
Qué piden los colectivos
La CCB ha solicitado formalmente a la Junta que deniegue de forma definitiva la autorización, y ha pedido a la CHD que revise el uso de los recursos hídricos y al Ayuntamiento de Baltanás que emita un informe desfavorable al proyecto. Ecologistas en Acción, por su parte, reclama que la Autorización Ambiental quede sin efecto hasta que se resuelvan las dudas sobre la captación de agua, con un nuevo trámite de información pública. Ambos recursos están pendientes de resolución por parte de la Junta de Castilla y León.
