Ceuta continúa desbordada tras la crisis migratoria del 30 de julio. Aunque la mayoría de los adultos que entraron de forma irregular ya han sido devueltos a Marruecos, cientos de menores no acompañados permanecen en la ciudad, colapsando los recursos de acogida. El Gobierno ha respondido con una partida extraordinaria de 25 millones de euros y la activación del mecanismo de reparto obligatorio previsto en el artículo 35 de la ley de extranjería.
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, confirmó la dotación extraordinaria, que se suma a los 5,5 millones ya asignados en la última Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia. Saiz apeló a la responsabilidad de todas las comunidades autónomas, incluidas las gobernadas por el PP, para colaborar en la acogida de los menores.
Una sobreocupación sin precedentes
El consejero de Presidencia y Gobernación de Ceuta, Alberto Gaitán, cifró la sobreocupación de los centros en un 2.872%: la capacidad ordinaria que fija el Ministerio es de 29 plazas y actualmente se atiende a 862 menores. Gaitán ha calificado la situación de «insostenible» y ha advertido de que la cifra seguirá subiendo en los próximos días. El Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes, con capacidad para unas 600 personas, está «absolutamente colapsado», con cerca de un millar de personas acampadas en sus alrededores.
El pulso político por el reparto de menores
La activación del artículo 35 de la ley de extranjería, que establece un reparto vinculante entre comunidades autónomas, ha reabierto la tensión política. El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha calificado la situación como «una crisis de seguridad nacional» y ha insistido en que es el Gobierno quien debe resolverla. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha calificado de «inhumana» la posibilidad de que Sánchez envíe menores a su comunidad sin consultar previamente.
El reparto genera especial resistencia en las comunidades donde el PP gobierna con Vox —Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía—, cuyos pactos de coalición incluyen el compromiso de no acoger más menores extranjeros no acompañados.
El Gobierno sostiene que la colaboración de Marruecos ha sido clave en la respuesta a la crisis, mientras la ciudad autónoma sigue buscando soluciones para aliviar la presión sobre sus centros de acogida.
